Justicia española reabre caso en contra de Banco de Chile por cuentas vinculadas a Pinochet

La noticia recorrió el mundo durante el fin de semana e incluso acaparó la atención del New York Times. La Corte Suprema fue notificada el mes pasado por parte de la Audiencia Nacional de España que reabrió la investigación en contra de Banco de Chile para determinar si la entidad financiera colaboró en el lavado de dinero al fallecido dictador Augusto Pinochet.

La reapertura de la causa es impulsada por la Fundación Presidente Allende que está asentada en el país ibérico y que representa a más de 22 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Se trata de una de las aristas del denominado “Caso Riggs”. Todo comenzó con una investigación del Senado de Estados Unidos en 2004 que descubrió una red secreta de cuentas bancarias en el Banco Riggs de EEUU que fueron utilizadas por Pinochet para mover millones de dólares.

De acuerdo a los registros bancarios de Riggs, Pinochet tuvo ayuda del Banco de Chile y otras firmas para obtener acceso al sistema financiero en EEUU.

El comité de investigación del Senado determinó que Banco de Chile y otras entidades, “le permitieron a Pinochet construir una red de al menos 125 cuentas bancarias y de valores de EEUU, a menudo utilizando alias, corporaciones offshore o nombres de terceros, que utilizó para mover millones de dólares en fondos y realizar negocios”.

El abogado de la Fundación en Chile, Víctor Araya, ingresó ayer un escrito al máximo tribunal del país solicitando dar curso a la notificación de la Audiencia Nacional de España y se pueda concretar la investigación en Europa.

Recordó que “el delito base que se investiga por la justicia española corresponde a un alzamiento de bienes por parte de Augusto Pinochet, en perjuicio de una serie de víctimas de crímenes de lesa humanidad”.

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Justificó que “los hechos que se investigan y juzgan ante la Audiencia Nacional de España sucedieron fuera de las fronteras de Chile y, por consiguiente, de manera alguna se puede estar afectando la jurisdicción de los tribunales chilenos”.

A juicio de Araya, la justicia chilena tampoco investigó los hechos por los cuales se quiere juzgar en España.

La posición del banco

Desde Banco de Chile se limitaron a comentar que “las materias a que se refiere su consulta han sido investigadas por los tribunales chilenos en la causa seguida ante el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1.649 del año 2004, tribunales a los que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las mismas”.

La firma indicó que “no se referirá al caso por estar radicado ante la jurisdicción de los tribunales de justicia de la República de Chile”.

El banco ligado al grupo Luksic y Citibank es asesorado en España por el estudio de abogados Cuatrecasas. A nivel local, la defensa es comandada por el abogado Raúl Tavolari.

En uno de los primeros escritos presentados ante la Suprema, los abogados del banco argumentaron que las pretensiones de la Fundación afectan “la soberanía nacional, desconociendo la jurisdicción de los tribunales chilenos”.

Se recordó que Banco de Chile “ha sido investigado por los mismos hechos por los que se intenta investigar nuevamente, esta vez ante los tribunales españoles”.

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Tavolari remarcó -el 19 de julio de 2021- que la pretensión de los tribunales españoles “vulneraría el orden público nacional, la resolución que admitiera a tramitación u otorgará asistencia para que, a una persona chilena, domiciliada y residente en Chile, se le notifican resoluciones dictadas en un proceso penal tramitado por tribunales de otro país”.

Efectos del caso

Entre los efectos del Caso Riggs, se cuentan que Banco de Chile puso fin a su subsidiaria en EEUU y despidió al gerente de la sucursal en Nueva York, Hernán Donoso Lira. También, se cerraron en enero de 2005 las cuentas bancarias de la familia de Pinochet y de la fundación que lleva su nombre.

En 2009, el banco cerró un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para pagar US$ 3 millones y poner fin a la demanda que se llevó a cabo en Miami para obtener una compensación por los recursos públicos que fueron depositados en cuentas bancarias en el extranjero por parte de Pinochet.

Según las indagaciones de aquella época, habrían sido cerca de US$ 6 millones que pasaron por la institución sin que se encendieran las alertas de prevención de lavado de dinero que rigen en EEUU.

Entre las condiciones que selló Banco de Chile y el CDE, es que este último actor desistió de cualquier otra acción legal respecto a las cuentas de Pinochet.